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Atrapadas con su maltratador

En Papúa Nueva Guinea, la violencia de género y violaciones son tan comunes que Médicos Sin Fronteras ha publicado un demoledor informe en el que denuncia el abandono que sufren las víctimas

Una madre de 25 años, con su bebé de ocho meses, en una de las seis casas de acogida para mujeres maltratadas en Papúa Nueva Guinea.
Una madre de 25 años, con su bebé de ocho meses, en una de las seis casas de acogida para mujeres maltratadas en Papúa Nueva Guinea.Jodi Bieber (MSF)
Alejandra Agudo
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“Durante tres años, mi marido me ha pegado y violado. No tengo pruebas de estos abusos porque nunca pude ir al hospital. Cuando me iba de casa, me daba palizas. Llegué aquí, al refugio para mujeres, hace seis meses. Estoy esperando. La policía y la justicia no han hecho mucho. Mi marido fue requerido para presentarse en el juzgado dos veces, pero ninguna apareció. Todo se está alargando mucho. Necesito encontrar un trabajo y marcharme de aquí”. Este testimonio de una de las víctimas que atendió Médicos sin Fronteras en su centro de atención a la familia en Puerto Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea, resume muchos de los riesgos de ser mujer en el país. La violencia y el olvido institucional son su realidad cotidiana.

Papúa Nueva Guinea registra, de hecho, una de las tasas más elevadas de violencia contra la mujer y los niños de la región Asia-Pacífico. El único estudio nacional al respecto, de los años ochenta, ya mostraba que uno de cada tres hombres entrevistados reconocía que pegaba a su esposa; y dos de cada tres mujeres aseguraban que habían sido golpeadas por sus parejas. Una investigación más reciente, de 2013, revelaba que la violación había sido la primera experiencia sexual de una de cada cinco mujeres, y un tercio de los hombres habían sufrido abusos de pequeños.

No hay más datos oficiales actualizados sobre esta lacra en el país, pero Médicos sin Fronteras ha realizado sus propias estadísticas a partir de los 3.056 casos que ha atendido entre 2014 y 2015 en sus dos de sus centros de atención a la familia, en los hospitales de Puerto Moresby y en Tari (una zona rural), que funcionan desde 2007. Con los datos, su experiencia y los testimonios recabados han publicado el informe Volver con su maltratador. Se trata de una fotografía parcial, que no alcanza a capturar la realidad de los casos que nunca llegan a los hospitales y en otras áreas del país (de siete millones de habitantes), pero que da buena cuenta de la envergadura del problema.

“Mi marido me golpeó con una botella vacía. Me pega a menudo. Casi siempre tengo los ojos negros y raramente me da dinero para comprar comida. A veces, he estado sin comer dos días porque se lo gasta todo en beber y jugar. Cuando llega borracho me azota con el cinturón, incluso aunque tenga a nuestro bebé en brazos. Una vez, lo arrojó a un arbusto. Hasta que un día conseguí escapar”, relata una joven de 25 años en la casa de acogida de Puerto Moresby al personal de la ONG.

“Mi marido me pega a menudo, casi siempre tengo los ojos negros. Casi nunca me da dinero para comprar alimentos. A veces, he estado sin comer dos días Víctima de malos tratos

Como ella, el 94% de los pacientes atendidos por la ONG por agresiones o abusos sexuales eran mujeres. Casi todas (97%) tuvieron que ser tratadas de lesiones físicas provocadas por sus parejas, otros familiares o por conocidos que las atacaron sexualmente. “Dos tercios habían sido heridas con armas, desde palos hasta cuchillos”, especifica el documento.

Las violaciones son tan comunes que un estudio de 2006 desvelaba que el 60% de los hombres entrevistados reconocía haber participado en una agresión en grupo. Además de las mujeres, los niños también son víctimas, advierten los autores. Las estadísticas elaboradas en el marco de la Ley de Bienestar Infantil de 2015 estiman que el 55% de los críos han sufrido algún tipo de abuso. Un dato que confirma la experiencia en las consultas de MSF: el 56% de las víctimas de agresiones sexuales eran menores, de los cuales, el 86% habían sido violados; 46 de los pequeños (el 9% del total) tenían menos de cinco años.

Uno de esos casos fue el de Grace (nombre ficticio). Con horror, su madre contó a los médicos del centro de Puerto Moresby cómo descubrió que la pequeña de cuatro años había sido violada por un vecino: “Llegue a las cuatro de trabajar y cuando Grace fue a hacer pis, le dolía mucho. Se puso a llorar y a lavarse con agua templada y jabón. Cuando le pregunté qué sucedía, lloró otra vez, pero al rato me contó que el vecino de al lado se la había llevado a su casa, la había tendido en la cama y quitado la ropa. Ella me dijo: ‘Puso su cosa en mi pis’. Estoy enfadada. Descubrimos que no era la primera vez que lo hacía”.

Debido a las carencias del país en la creación de una red de asistencia, denuncia la ONG, la mayoría de las víctimas, mujeres y niños, regresan a casa con sus maltratadores. “A menudo, las pacientes enfrentan grandes obstáculos para acceder al apoyo legal, asistencia social y la atención psicológica que necesitan. Son doblemente víctimas, pues sufren la violencia de sus agresores y las carencias del sistema de protección”, alerta el informe. Están condenadas al sufrimiento y el silencio.

“Mi marido empezó a pegarme hace un año. Me ha causado muchas heridas, fracturas en la muñeca, cortes en la espalda y los codos, y golpes por toda la cara. Puedes ver las cicatrices de mi cuerpo”, contó una víctima de 30 años a los médicos. “Pero como él es policía, nadie me ayuda. Este centro es el único sitio al que puedo ir. Este es el cuarto parte de agresiones que me dais. Los otros tres ya los llevé a la Unidad de Agresiones Sexuales, pero no hicieron nada. Cada vez que vengo, regreso a casa con mi esposo. No tengo dónde ir. Ni siquiera me da dinero para comer, tengo que pedir por la calle para poder alimentar a nuestros hijos”.

El 60% de los hombres entrevistados reconoce haber participado en una violación en grupo, según una encuesta

También abandonada por sus padres, por la sociedad, por el sistema... Lara, una adolescente de 13 años, llegó sola al centro de MSF en la capital. Había sido violada por su tío muchas veces y cuando sus padres se enteraron, arremetieron a golpes contra ella. La chica sabía que ese día, en tanto que estaba en la clínica y no había cocinado para la familia, sus progenitores le volverían a pegar. Durante el relato de su largo historial de abusos, reveló pensamientos suicidas. Fue entonces cuando el personal sanitario llamó a los Servicios de Bienestar de la Infancia. “Nos haremos cargo de la niña. Alguien irá a por ella”, respondió un funcionario. Pero nadie acudió y, tras esperar todo el día, Lara regresó a casa con el temor de que si se demoraba más, la paliza sería peor.

Con solo seis casas de acogida en todo el país, cinco de ellas en la capital y cuatro con apenas tres camas, las mujeres no tienen esperanza ni escapatoria. “Sin acceso a asistencia social, la dependencia económica de las mujeres es una traba para buscar un hogar o apoyo legal. Sin otro modo de sobrevivir y alimentar a sus hijos, simplemente no pueden alejarse de su pareja aunque les maltraten”, alerta el informe.

Tampoco hay suficientes centros de salud ni juzgados especializados. Con todo, ha habido avances. Por ejemplo, se han multiplicado las unidades de familia en la Oficina Fiscal, pasando de 10 en 2004 a más de 900 en 2014. Hace falta acelerar y multiplicar los progresos en materia de justicia para frenar esta violencia, exige Médicos sin Fronteras. En materia de salud, al Gobierno de Papúa le pide que establezca centros de atención a la familia en cada provincia, mejore el sistema sanitario para poroveer todos los servicios médicos a los pacientes (desde apoyo psicológico hasta intervenciones quirúrgicas) y crear más hogares seguros para las víctimas. Para apoyar esta línea de trabajo, la ONG reclama que la comunidad internacional destine más fondos al país alineados con estas acciones de prevención, protección y tratamiento.

El informe pretende ser el aldabonazo para que sus peticiones sean pronto una realidad. La situación es "intolerable". Las consecuencias de los abusos que describen los expertos son terribles. Las secuelas abarcan desde lesiones físicas graves, embarazos no deseados, abortos inseguros, infecciones de transmisión sexual como el VIH, infecciones del tracto urinario, dolor pélvico crónico, abortos espontáneos, disfunción sexual, esterilidad, aumento de la vulnerabilidad a la enfermedad, trauma mental e incluso la muerte.

Los niños son físicamente todavía más vulnerables, ya que sus cuerpos aún están en desarrollo y las lesiones pueden incluir huesos rotos, heridas, esguinces y quemaduras. Los embarazos no deseados para las chicas jóvenes pueden exacerbar el trauma psicológico y causar fuertes tensiones en el desarrollo de órganos, mientras que las enfermedades de transmisión sexual suponen un riesgo para su futuro. En cuanto a su salud mental, las víctimas de abusos presentaban síntomas de trastornos psicológicos como ansiedad, dificultad para la concentración, insomnio, hipervigilancia, sentimientos de vergüenza, depresión y pensamientos suicidas.

Con solo seis casas de acogida en todo el país, cinco de ellas en la capital y cuatro con apenas tres camas, las mujeres no tienen esperanza ni escapatoria

Ante este panorama, los servicios médicos son insuficientes para atender a estos pacientes que requieren de asistencia especializada, subraya la ONG. Basta saber que el país cuenta con 0,58 profesionales sanitarios por cada 1.000 habitantes, la mayoría de atención primaria, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda tener, al menos, 2,5.

Las carencias en el tratamiento son notorias, pero ¿cuáles son las causas y cómo se las puede atacar para erradicar tanta violencia? Responde por correo electrónico Angelika Herb, coordinadora general de MSF en Papúa Nueva Guinea. "En tanto que los hombres pagan un precio por la novia, creen que las mujeres son de su propiedad. Si bien, la dote no se da en todos los matrimonios, es muy común en ciertas áreas, incluyendo Tari. Esto significa que una esposa es tenida como otra posesión más. Y para obtener el divorcio, o abandonar a su marido, ellas deben obtener la aprobación del tribunal de la aldea y devolver el dinero. Muchas simplemente no lo tienen, así que permanecen atrapadas en una relación de pareja violenta”, abunda Herb. “Aunque no es nuestro campo de acción, sí sabemos que la solución pasa por la educación”, zanja. Gracias a sus intervenciones comunitarias de información, el equipo de MSF ha comprobado que cada vez más víctimas piden ayuda, pese a que la tradición considera esta violencia un asunto privado que se maneja dentro de la familia o del clan.

Una costumbre que causa sufrimiento e indefensión, como se puede comprobar en otro de los muchos testimonios recogidos en el documento: “Mi marido me engañaba, y cuando me enfrenté a él, me agredió. Cocinó mi mano en el fuego y me tiró al aire como si fuera una pelota. Luego se acercó a mí con un cuchillo de monte, me golpeó la cabeza y la mandíbula, que se dislocó. Me dijo que si iba a la policía, nunca ganaría. Estoy esperando aquí por el informe médico para llevarlo a la policía. Voy a tener que volver con él hasta que mi padre venga a ayudarme. Él quiere que me quede con mi marido, dice que va a venir y nos ayudará a resolver nuestros problemas. Correspondería a mi padre poner fin a este matrimonio, porque tendría que devolver la dote a mi esposo. Aunque lo hiciera, mi marido me ha dicho que ni por esas podría escapar de él”. A sus 27 años, a falta de un sistema que la proteja, esta refugiada en una casa de acogida espera que su marido no cumpla su amenaza.

Datos para la vergüenza (de Papúa Nueva Guinea)

Estas son algunas de las cifras extraídas de las estadísticas de MSF en sus centros de atención familiar en el país, elaboradas a partir de datos correspondientes a su actividad los años 2014 y 2015:

  • Médicos sin Fronteras establece tres categorías de violencia de género: en la pareja, sexual y por parte de la familia. De todos los pacientes que atendieron por estas causas, el 94% (2.870 de 3.056) eran mujeres. De ellas, el 78% eran mayores de 18 años.
  • La mitad de los casos atendidos fueron por violencia ejercida por la propia pareja. El 98% de víctimas eran mujeres, de las que casi todas (98%) necesitaron tratamiento para curar sus heridas. Una de cada seis víctimas, sufría lesiones graves: heridas abiertas, trauma abdominal y cardiotorácico, y fracturas que requirieron cirugía.
  • Las armas que usaron los agresores contra el 69% de las mujeres atendidas fueron: cuchillos, látigos u objetos afilados.
  • De los casos de violencia ejercida por otros miembros de la familia, el 87% de las víctimas son mujeres, la mayoría adultas. Los niños, sin embargo, no están exentos de los golpes.
  • En cuanto a la violencia sexual, el 93% de quienes habían sufrido abusos eran mujeres, la mitad de ellas, menores. El 88% de las víctimas fueron violadas; el resto (12%) fueron tentativas u otro tipo de asaltos. Aunque ellas son el objetivo de los violadores, entre 2014 y 2015, 68 hombres también tuvieron que ser atendidos por ataques sexuales, 30 eran niños.

Sobre la firma

Alejandra Agudo
Reportera de EL PAÍS especializada en desarrollo sostenible (derechos de las mujeres y pobreza extrema), ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Miembro de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras. Antes trabajó en la radio, revistas de información local, económica y el Tercer Sector. Licenciada en periodismo por la UCM

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