Las despojadas de la Correa del Cobre
Mujeres indígenas shuar denuncian el desplazamiento forzado que han sufrido en sus comunidades por los megaproyectos mineros que proliferan en la Amazonía sur de Ecuador
Se adentraron en la selva en medio de la noche. Huyendo de los sobrevuelos de los aviones militares y de las ráfagas de ametralladora, cientos de rostros sin nombre se sumergieron en la espesura amazónica en busca de cobijo. Madres con bebés a la espalda arrastrando a sus hijos por el barro. Mujeres embarazadas temiendo dar a luz en medio de la fuga. Hombres huidos de la justicia jurando volver para vengarse. Dejando atrás todas sus posesiones materiales, cientos de indígenas shuar se internaron en las montañas selváticas de la Cordillera del Cóndor el día 18 de diciembre de 2016. Fue la noche más larga de sus vidas. Nunca volverían a pisar su querida comunidad de Tsuntsuim.
Cuatro días antes, el cabo de la policía José Luis Mejía había muerto por herida de bala en un enfrentamiento en el campamento minero La Esperanza, base de operaciones del megaproyecto cuprífero San Carlos Panantza, en plena Correa del Cobre. Los shuar trataban de retomar la plaza sitiada, que hasta unas semanas antes albergaba a la comunidad de Nankints. Como consecuencia, el gobierno ecuatoriano decretó el estado de excepción en toda la provincia de Morona Santiago, dando inicio a una masiva incursión militar que propiciaría el desalojo de Tsuntsuim.
“Ya no podíamos soportar estar en la comunidad porque ya venían los militares y los policías armados disparando sobre la pobre casa en que nosotros vivíamos”, cuenta María Ayui, shuar de 52 años. “Yo me quería quedar en Tsuntsuim, pero mi familia me espantó porque los militares decían que si no podían coger a los hombre afectados, iban a coger tanto a niños como madres de familia, bien a malas, golpeando, patadas”, explica con voz hastiada esta mujer viuda, madre de 10 hijos y abuela de 21 nietos.
En efecto, la declaración del estado de excepción en la región minera respondía a la voluntad del Gobierno de Rafael Correa de atrapar a los involucrados en la muerte del policía. "Este acto cobarde no va a quedar en la impunidad y haremos respetar el Estado de derecho de la provincia de Morona Santiago", afirmó el entonces ministro del Interior, Diego Fuentes.
“Así que yo cogí a mis tres hijitos pequeños y me fui caminando. Salimos a la una de la mañana con el resto de la comunidad y caminamos, caminamos…”, narra María, que llegó a Quito el 30 de enero junto a sus compañeras Claudia Chumpi, Mónica Ambama y Mercedes Chinkiun para denunciar los abusos sufridos por su pueblo. “Yo quería quedarme en la montaña, pero no había dónde. Es una montaña tremenda y estaba lloviendo, todo estaba húmedo”.
Caminaron y caminaron durante horas. En medio de la noche. Mojadas. Cansadas. Escapando de las balas.
Desde el inicio de las concesiones en los años noventa, los shuar han tratado de resistir frente a la colonización minera de su territorio
A las cinco de la madrugada llegaron a una comunidad vecina. “Amanecimos con todos mis hijos en un puente sobre el río Zamora. Golpeadas las piernas. Rendidas”, recuerda la mujer shuar, que necesitó la ayuda de un joven para cargar a su hija más pequeña, de siete años, incapaz de seguir el ritmo de los adultos. Después de un breve descanso, reemprendieron la marcha. “Yo ya no podía caminar, me dolían las uñas, las piernas, los pies”, recuerda María con gesto de angustia. Vigilada de cerca por los aviones militares, la intermitente columna de cientos de desplazados fue dejando atrás una comunidad tras otra hasta alcanzar Tiink, el poblado donde se han refugiado hasta ahora. Allí les esperaban sus amigos y familiares shuar.
“El dirigente de Tiink nos acogió, me dio un cuartito y una cocinita para que pudiera atender a mis tres hijos”, asegura María. “Al día siguiente yo quería regresar a mi comunidad para ver si podía retirar las ollas y los platos, pero los militares habían entrado a cogerlo. También dispusieron de nuestros animales que habían quedado, había pollos, cerdos que ellos usaron para alimentarse”, revela con indignación.
María, como el resto de habitantes de Tsuntsuim y Nankints que tuvieron que cruzar la selva aquella madrugada, no se explica por qué el Ejército actuó de esa forma. Al menos ella tuvo suerte. Otros grupos que se lanzaron al monte en la impenetrable oscuridad de la noche amazónica no pudieron orientarse y acabaron perdidos. Algunos llegaron a Tiink cinco días más tarde. Sin haber comido.
Correa del Cobre
Desde que fue reelegido como presidente de Ecuador en 2013, Correa ha profundizado la vía extractivista para el desarrollo nacional. Convencido de la necesidad de explotar hasta la última gota de los recursos naturales del país ecuatorial, el mandatario saliente dio un portazo a las innovadoras políticas que maravillaron al mundo durante sus primeros años en el poder. Mientras terminaba con la iniciativa Yasuní-ITT, que había situado a Ecuador a la vanguardia de la era postpetrolera, el líder de la Revolución Ciudadana renombraba al país como una potencia minera. “Vamos a hacer minería responsable, a utilizar los recursos naturales con inteligencia y sensatez para vencer a la pobreza”, anunció.
En ese propósito, una región emergía como depositaria de los sueños presidenciales. Testigo de una perpetua guerra fronteriza entre vecinos, la ecuatoperuana Cordillera del Cóndor encierra en su metálico tuétano un tesoro de minerales con alto valor de exportación. Conocida como Correa o Cinturón del Cobre, esta cadena montañosa situada en las estribaciones orientales de Los Andes alberga tres de los cinco proyectos estratégicos que pretenden hacer de Ecuador una potencia minera, a imagen y semejanza de sus vecinos Perú y Chile.
El más grande de ellos es San Carlos Panantza, que comprende 41.760 hectáreas concedidas a la empresa Explorcobres S.A. (EXSA), propiedad de las gigantes chinas Tongling y CRCC. Calificada por Correa como “la segunda mina de cobre más grande del mundo”, se cree que contiene 678 millones de toneladas de cobre, además de otros preciados minerales como oro y molibdeno. Para extraerlos será necesario construir dos minas a cielo abierto en un bosque tropical caracterizado por su enorme biodiversidad y su gran número de fuentes de agua. A pocos kilómetros se encuentran los otros dos megaproyectos mineros de la Correa del Cobre. Se trata de Mirador, de propiedad china y eminentemente cuprífero, y Fruta del Norte, de la canadiense Lundin Gold y del que se esperan obtener 4,82 millones de onzas de oro y 6,34 millones de onzas de plata.
“Lo que se plantea es crear allí un distrito minero. Están limpiando el territorio de todo lo que pueda significar un estorbo”, asevera Gloria Chicaiza, coordinadora de minería en Acción Ecológica. “Han vendido el discurso de que hay unos pocos habitantes que van a ser sacrificados por el bienestar del país. Pero lo cierto es que no son pocos, es una región grande donde viven miles de personas”, denuncia la representante de esta ONG que estuvo a punto de ser disuelta en diciembre por posicionarse a favor de la lucha shuar. “Avanzar con estos proyectos mineros es condenar al pueblo shuar a la desaparición, a la extinción”, sentencia.
Desde el inicio de las concesiones en los años noventa, los shuar han tratado de resistir frente a la colonización minera de su territorio. En 2006, poco antes de la llegada de Correa al poder, los indígenas consiguieron expulsar de San Carlos Panantza a la empresa canadiense Corriente Resources, por aquellos días concesionaria del proyecto. Fue entonces cuando constituyeron la comunidad de Nankints, que fue desalojada diez años después, el 11 de agosto de 2016, para levantar nuevamente el campamento minero. La negativa de los shuar a aceptar su expulsión fue lo que provocó la escalada del conflicto. El 21 de noviembre retomaron por la fuerza el control de la comunidad, que por aquel entonces ya tenía más aspecto de cuartel militar que de asentamiento indígena. Pero la victoria shuar apenas duró unas horas. Al día siguiente los uniformados se hicieron definitivamente con el control del lugar. El 14 de diciembre los shuar reclamaron su territorio una vez más, pero el desenlace trágico que acabó con la vida del policía Mejía solo empeoró las cosas. El gobierno decretó el estado de excepción y toda la región fue militarizada con el pretexto de hallar a los culpables de la muerte. El presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), Agustín Wachapá, fue apresado y encarcelado. La población de Nankints se refugió en Tsuntsuim. Pero el avance militar les obligó a todos a huir a Tiink.
El conflicto minero en la Correa del Cobre, que en los últimos años ha dejado tres líderes shuar muertos en extrañas circunstancias, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre extractivismo y desarrollo socioeconómico. Mientras los partidarios de la minería conciben esta actividad como una fuente de ingresos estatales que sirve para reducir la pobreza, los detractores destacan los devastadores impactos sociales y ambientales que la explotación tiene en los territorios. Además, los críticos reivindican que la minería apenas genera fuentes de empleo y que la mayoría de los beneficios económicos van a parar a manos extranjeras. Mientras, Correa, coherente con su máxima de “no podemos seguir siendo mendigos sentados en un saco de oro”, ha abogado por profundizar la huella extractivista, utilizando parte de las regalías petroleras y mineras para construir escuelas y centros de salud.
María, una de las despojadas de la Correa del Cobre, sufre a diario las consecuencias del desplazamiento forzado por el proyecto extractivo. “La minería es un problema para la salud, para el agua y la educación. Nosotros queremos vivir sanos porque sin agua no hay vida”, sostiene. El pueblo shuar, habitante de la Cordillera del Cóndor desde hace más de 5.000 años, fue capaz de resistir la conquista española, pero ahora se ve superado por la oleada minera. Hijos del dios Arutam, el guerrero de la cascada, los shuar manifiestan que nunca fueron consultados sobre los megaproyectos mineros que invaden su territorio ancestral. Su resistencia no está en duda, pues su permanencia en esas montañas rellenas de cobre y oro es lo que los define como pueblo. “Los militares vendrán, pero solo matándonos, acabándonos a todos, serán ellos los dichosos propietarios de este territorio”, proclama un líder shuar de San Carlos, que pide no ser identificado para no sufrir represalias. Si les quitan sus ríos dejarán de estar en contacto con Arutam y, por tanto, su existencia como shuar ya no tendrá sentido. Por eso, aunque la minería traiga riqueza al resto del país, ellos serán los más pobres del planeta.
